Por: Fernanda Morales

San Miguel de Allende, Guanajuato a 30 de mayo de 2025.- El Congreso del Estado de Guanajuato fue escenario este jueves 29 de mayo de un intenso y polémico debate sobre la despenalización del aborto en la entidad. Cientos de ciudadanos, divididos en posturas a favor y en contra, se dieron cita en el recinto legislativo, creando una atmósfera de expectación y tensión.

En el Congreso se reflejó la polarización de la sociedad: más de un centenar de mujeres con pañuelos verdes exigían la legalización del aborto y la no criminalización de las mujeres, mientras que, en contraparte, autobuses llenos de ciudadanos «pro-vida» con pañuelos azules pedían defender la vida desde la concepción, manifestándose con pancartas y arengas. La distribución de las y los asistentes por colores en las gradas del Congreso le dio una apariencia de «estadio» dividido.

La primera votación de la jornada giró en torno a tres iniciativas que buscaban eliminar de la Constitución Política del Estado de Guanajuato la definición de «persona» como «todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural». El dictamen, que proponía rechazar estas reformas, fue aprobado por mayoría de votos y archivado definitivamente.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, autor del dictamen, argumentó que la protección de la vida desde la concepción es un mandato de documentos internacionales y un criterio de progresividad de los derechos humanos, especialmente hacia los más vulnerables.

En contraposición, legisladoras como Martha Edith Moreno y María Eugenia García defendieron el derecho de las mujeres a decidir y la autonomía corporal, señalando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido el aborto como parte de la libertad reproductiva. Recalcaron que el derecho penal no debe utilizarse para castigar decisiones reproductivas ni para proteger la vida prenatal, y que negar el acceso al aborto seguro es una violación de derechos fundamentales.

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Otras voces, como la de Sandra Alicia Pedroza, criticaron el debate ideológico y moral en el Congreso, urgiendo a los legisladores a basar sus decisiones en el más alto estándar de protección de derechos humanos y en las resoluciones de la SCJN. El diputado David Martínez también se opuso al dictamen, enfatizando que la Carta Magna debe progresar en derechos, no restringirlos, y que la ciencia no tiene un consenso sobre el inicio de la vida.

Posteriormente, el Pleno también aprobó por mayoría de votos el dictamen que archivó definitivamente dos iniciativas que buscaban establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo en la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.

La diputada Noemí Márquez Márquez, autora del dictamen, defendió la protección de la vida desde la concepción, citando argumentos científicos sobre el inicio de la vida humana. Advirtió sobre los riesgos físicos y emocionales del aborto para las mujeres y la necesidad de fortalecer políticas de prevención y acompañamiento.

El congresista Antonio Chaurand Sorzano argumentó que defender la vida implica garantizar dignidad, libertad y salud, y que la despenalización solo visibiliza las cifras reales del aborto, sin que esto signifique estar en contra de la vida, sino a favor de que las mujeres vivan con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos.

Sandra Alicia Pedroza denunció que Guanajuato es el único estado que criminaliza a las mujeres por abortar, negando el acceso a servicios seguros. Afirmó que esta postura condena a las mujeres a la clandestinidad y viola derechos humanos, y que la criminalización no reduce los abortos, solo los hace más peligrosos. Reveló la existencia de 17 carpetas de investigación contra mujeres por aborto en el estado y un aumento del 29.4% en embarazos de 10 a 17 años.

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El punto más álgido de la sesión fue la discusión sobre la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto voluntario. El dictamen, presentado por las diputadas Karol Jared González y María Eugenia García, registró un empate en la votación.

Conforme al artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el asunto será discutido y votado de nuevo en la sesión inmediata siguiente. Si persiste el empate, se reservará para el siguiente periodo ordinario y, de continuar, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenará su archivo definitivo.

Karol Jared González argumentó que mantener el tipo penal no es criminalizar, sino reconocer una conducta con consecuencias legales, y que en Guanajuato se busca proteger a las mujeres de abortos forzados.

En contra, Sergio Alejandro Contreras y Ernesto Millán urgieron a despenalizar el aborto para no criminalizar a las mujeres, especialmente a aquellas sin recursos, y para evitar que recurran a prácticas clandestinas. Señalaron que Guanajuato se encuentra con normativas «arcaicas» y violatorias de derechos humanos, con 73 carpetas abiertas por aborto.

Durante la sesión, las reacciones de los ciudadanos fueron notables. El bando «azul» (pro-vida) mostró desaprobación a los legisladores que defendían el derecho a decidir, volteándose a la pared o incluso rezando durante sus intervenciones, lo que evidenció la tensión y la falta de consenso en este tema tan sensible para la sociedad guanajuatense. Una vez que se dió a conocer este dictamen, los ciudadanos provida decidieron abandonar el congreso, mientras que las mujeres de pañuelo verde esperaron a ver el resultado del último dictamen.

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Al final, se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Educación para el Estado. Con estas modificaciones, se promoverá la educación sexual integral y reproductiva en todos los niveles educativos, buscando un desarrollo más consciente y responsable de las juventudes guanajuatenses.

La Secretaría de Educación deberá implementar programas de formación específicos dirigidos a padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en materia de educación sexual integral y reproductiva, y para la prevención del embarazo infantil y adolescente. De igual forma, se agrega la obligación de los padres de familia de participar activamente en estas actividades organizadas por las comunidades educativas y autoridades, mientras que las asociaciones de madres y padres de familia deberán socializar la importancia de esta educación.