Por: Fernanda Morales

San Miguel de Allende, Guanajuato a 29 de abril de 2025.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Miguel de Allende, se sumó este martes 29 de abril al Primer Macrosimulacro Nacional. Esta iniciativa busca fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el municipio.

Esta actividad a nivel nacional tiene su origen en los sismos ocurridos en septiembre de 2017, lo que inicialmente llevó a la realización de simulacros únicamente cada 19 de septiembre. Sin embargo, ante el incremento de la actividad sísmica en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil determinó la implementación de dos macrosimulacros nacionales al año.

En San Miguel de Allende, participaron 53 establecimientos, involucrando a aproximadamente 2,800 personas. Entre los sitios que se sumaron a este ejercicio se encuentran Plaza La Luciérnaga, el CBTis, el CECyTEG, La Comer, City Market, la guardería del IMSS y el Polígono Empresarial, entre otros.

La activación de la alerta sísmica estuvo programada para las 11:30 horas.

Previamente, las autoridades hicieron una cordial invitación a todos los ciudadanos a participar de manera ordenada y a seguir atentamente las indicaciones de las brigadas internas de cada establecimiento.

Es fundamental recordar que la práctica constante salva vidas y fortalece la capacidad de respuesta de la comunidad ante una emergencia real.

Por: Fernanda Morales

San Miguel de Allende, Gto. 28 de abril 2025.- El diputado local Ricardo Ferro llevó a la tribuna del Congreso del Estado el tema del «Rescate de la Presa Allende», un compromiso prioritario con los ciudadanos de San Miguel de Allende, en su intervención, el legislador enfatizó que el crecimiento urbano debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental, exigiendo un desarrollo ordenado que respete la Ley y garantice el tratamiento adecuado de las aguas residuales.

Ferro reafirmó su compromiso con la recuperación de esta vital presa y presentó un exhorto dirigido al presidente municipal de San Miguel de Allende para que, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y SAPASMA, se informe detalladamente cuántos fraccionamientos, desarrollos y establecimientos comerciales cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y, en caso contrario, se justifique la ausencia de dicha infraestructura, considerando las exigencias del Código y el Reglamento de Ordenamiento Territorial.

El diputado del Partido MORENA formalizó esta demanda a través de un punto de acuerdo, solicitando al alcalde Mauricio Trejo Pureco, instruir a las dependencias correspondientes para elaborar y remitir al Congreso un informe exhaustivo que contemple el número total de desarrollos en el municipio con plantas tratadoras, así como aquellos que carecen de ellas, incluyendo la justificación de su incumplimiento, especialmente cuando la normativa municipal lo exige.

En su exposición, Ferro Baeza recordó que la creación del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato buscó establecer un marco legal actualizado para abordar los desafíos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Señaló que este código surgió como respuesta al crecimiento urbano acelerado y desordenado que ha generado problemas como la expansión irregular y la presión sobre los servicios públicos.

El diputado advirtió que San Miguel de Allende enfrenta actualmente una grave problemática con la proliferación de lirio acuático en la Presa Ignacio Allende, principal cuerpo de agua de la región, situación directamente relacionada con la insuficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales en los desarrollos del municipio, explicó que la descarga de aguas sin tratar provoca un exceso de nutrientes que alimenta el crecimiento descontrolado de esta planta invasora.

Finalmente, Ferro Baeza subrayó que para lograr un rescate efectivo de la presa, es fundamental contar con datos precisos y concretos que permitan implementar soluciones reales. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su análisis y dictamen.

Por: Fernanda Morales

San Miguel de Allende, Gto. 25 de abril 2025.- Desde el emblemático Charco del Ingenio, autoridades indígenas de la región noreste de Guanajuato y Querétaro ofrecieron una rueda de prensa para denunciar públicamente a quienes consideran «falsas autoridades» por la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Querétaro. En el encuentro con los medios, evidenciaron la consecuente obstaculización en el avance de los Planes de Justicia y Desarrollo para las comunidades indígenas en ambos estados. Los Planes de Justicia y Desarrollo representan una iniciativa del gobierno federal para atender las históricas necesidades y legítimas demandas de los pueblos indígenas y afromexicanos, buscando un nuevo marco de atención y solución a sus problemáticas.

La controversia surge a raíz de la toma de las instalaciones del INPI en la capital queretana iniciada el 24 de marzo por un grupo que exige la destitución de la actual titular local, María del Carmen Álvarez Juárez. Las autoridades indígenas presentes en la rueda de prensa – entre ellas Edith Álvarez, delegada de Cerro Grande; Nadia, subdelegada de Cieneguilla; Juan Daniel García de Misión de Chichimecas; el delegado de la comunidad de San Ignacio y Maduju Usadame Cruces, representante de la autoridad indígena de Río Laja –se deslindaron categóricamente de este grupo.

En sus declaraciones, las autoridades indígenas manifestaron su disposición a colaborar directamente con los titulares del INPI a nivel federal. Consideran que el grupo que tomó las oficinas busca la destitución de Carmen Álvarez para favorecer el regreso de Doroteo Mendieta a la delegación.

Se recordó que en diciembre de 2024 se cerró el plan de justicia en San Juan del Río, donde surgieron sospechas de mal manejo de fondos federales destinados a apoyar a las comunidades indígenas con transporte y alimentos durante sus traslados. Actualmente, este comité gestiona un presupuesto de 3 millones de pesos. Las autoridades indígenas denunciaron que estos conflictos han provocado retrasos significativos en la implementación del plan de justicia, con apenas dos gastos registrados en 2025 para reuniones en Querétaro y Cañada de la Virgen. Las autoridades aclararon que, si bien existen comités en las comunidades encargados de administrar los recursos federales, estos no representan a la autoridad tradicional de la comunidad. El Plan de Justicia tiene como objetivo fundamental hacer llegar recursos directamente a la población indígena para obras de dignificación como la ampliación de redes eléctricas, la construcción de viviendas dignas y el acceso a agua potable, entre otros beneficios.