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Economía

Despliega Secretaría de Salud el ‘Operativo Panteones 2026’ en San Miguel de Allende por Día de Muertos.

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San Miguel de Allende, Guanajuato a 28 de octubre de 2026.- Ante la proximidad de las festividades del Día de Muertos, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) puso en marcha el “Operativo Panteones 2026” en San Miguel de Allende y municipios de la región noreste, con el objetivo de prevenir brotes de dengue y garantizar el manejo higiénico de alimentos en las inmediaciones de los cementerios locales.

​Las acciones, coordinadas por la Jurisdicción Sanitaria II, abarcan la inspección de panteones tanto en la zona urbana como en áreas rurales sanmiguelenses, verificando el saneamiento básico, el funcionamiento de sanitarios, la disposición de depósitos de basura y el monitoreo de cloro residual en las fuentes de agua potable.

El titular de la SSG, Gabriel Cortés Alcalá, informó que las brigadas epidemiológicas realizan tareas de nebulización y eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue (Aedes aegypti) dentro de los panteones de la demarcación.

​Como medida preventiva clave para los visitantes, la autoridad sanitaria exhortó a la ciudadanía a:
​Reemplazar el agua por arena húmeda (a tres cuartas partes del recipiente) en los floreros de las tumbas.

​Priorizar el uso de flores artificiales o secas durante las visitas del 1 y 2 de noviembre.

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​Retirar recipientes en desuso que puedan acumular agua de lluvia o riego.

De cara a las concentraciones masivas de los próximos días, la SSG reforzará la supervisión de puestos fijos y ambulantes de alimentos instalados a las afueras de los panteones sanmiguelenses.

​Personal de regulación sanitaria impartirá capacitaciones sobre manipulación segura de insumos, uso de agua clorada, desinfección de manos y control en el uso de hielo potable. Asimismo, se recomendó a la población consumir productos en establecimientos que cumplan con las medidas básicas de salubridad.

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Economía

Banco de alimentos llega a comunidades de san diego de la unión; buscan fortalecer el apoyo a las familias

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Las comunidades de Venadito y Varal, así como La Granja, en San Diego de la Unión, recibieron apoyos alimentarios a través del Banco de Alimentos, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y Gestión Social Intermunicipal.

Estas entregas buscan acercar productos alimentarios a las familias y facilitar el acceso a alimentos mediante la colaboración entre instituciones y organizaciones que trabajan en favor de los sectores que requieren este tipo de apoyo.

La continuidad de este proyecto representa una oportunidad para ampliar su alcance hacia otras localidades del municipio, mantener entregas periódicas y fortalecer los mecanismos de información para que más familias conozcan los requisitos y las formas de acceder al programa.

Además, la participación comunitaria puede ser clave para identificar las necesidades de cada localidad y orientar mejor los apoyos, de manera que lleguen a quienes más los necesitan.

¿Ya conocías esta iniciativa del Banco de Alimentos en San Diego de la Unión? La difusión de estos programas puede ayudar a que más personas conozcan las opciones de apoyo disponibles y sepan dónde solicitar información para participar.

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Economía

Convocan a manifestación en la carretera a Los Rodríguez el 4 de noviembre.

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San Miguel de Allende, Guanajuato a 27 de octubre de 2026.- Habitantes, comerciantes y transportistas de más de 37 comunidades rurales de San Miguel de Allende formalizaron la convocatoria a una manifestación pacífica para el próximo miércoles 4 de noviembre a las 08:00 horas, a la altura de la gasolinera Loma Linda, en protesta por la falta de avances en la rehabilitación de la carretera a Los Rodríguez.

​A través del manifiesto emitido por el colectivo Carretera Digna, los inconformes denunciaron que a tres meses y medio de haberse iniciado los trabajos en el tramo San Miguel de Allende–Doctor Mora, la vía presenta un severo deterioro por despalme, nubes de polvo y baches que han provocado daños mecánicos en vehículos y demoras en el traslado a escuelas, centros de trabajo y servicios de salud.

La movilización ciudadana demanda explicaciones directas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a su delegada en Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, quien previamente estimó la conclusión de las obras hasta enero de 2027.

​Los manifestantes exigen saber de manera transparente qué porcentaje de los 93.75 millones de pesos asignados por el Gobierno Federal para intervenir los 17 kilómetros de carretera se ha ejercido a la fecha y cuáles son las empresas contratistas responsables de los retrasos.

La problemática impacta de forma directa la movilidad de poblados como Los Rodríguez, El Paredón, Puerto de Sosa, Cañada de las Flores, Biznaga de Cerro Grande, San Miguelito, Tres Palmas, La Talega, El Carmen y Montecillo de Guzmán.

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​El pliego petitorio formulado por los vecinos contempla cinco exigencias centrales:
​Transparencia en el gasto: Reporte detallado del ejercicio del presupuesto de 93.75 millones de pesos.

​Cronograma de ejecución: Información verificable sobre las etapas de avance de la obra.
​Mitigación de riesgos: Bacheo de emergencia, riego de agua para contención de polvo y colocación de señalética preventiva en tramos críticos.

​Tránsito seguro: Garantías para la circulación segura en tanto concluyen las obras en 2027.
​Responsabilidad política: Corresponsabilidad y seguimiento por parte de los actores públicos que promovieron el proyecto.

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Economía

Rectifica el Gobierno Federal: son legales los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José de Iturbide.

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San Miguel de Allende, Guanajuato a 21 de octubre de 2026.- En un giro determinante sobre uno de los operativos de hidrocarburos más mediáticos del año en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que los 59 millones de litros de combustible asegurados en la comunidad de La Fragua cuentan con procedencia legal comprobada y permisos de almacenamiento en regla.

​Durante su conferencia matutina, la Presidenta explicó que la investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) concluyó que no se trató de un caso de huachicol, sino de irregularidades administrativas en las unidades de transporte que ingresaban a la planta, las cuales ya fueron subsanadas por la empresa operadora.

El pronunciamiento de la Presidencia desmantela la versión que la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez, presentó el pasado 17 de septiembre como «un histórico golpe al robo de hidrocarburos».

​La cronología del caso revela el manejo apresurado del operativo:

​3 de julio: Autoridades detienen una pipa descargando diésel en San Luis de la Paz, derivando en la investigación sobre la terminal de La Fragua.

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​4 de septiembre: La FGR cateó la planta de Gas Natural del Noreste (Grupo SIMSA), localizando 10 tanques con 59 millones de litros y tres unidades de carga.

​17 de septiembre: La Secretaría de Seguridad de Guanajuato difunde el hallazgo como presunto huachicol, mientras la empresa sostiene desde el primer día la legalidad del producto.

​25 de septiembre: Tras inconsistencias en la difusión de información, la FGR confirma la remoción de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la fiscalía en la entidad.

​21 de octubre: La Presidencia cierra el expediente penal sobre el origen del hidrocarburo, confirmando que la mercancía es legal.
​
​Durante una inspección ocular realizada en las instalaciones de la terminal en La Fragua, se constató que la empresa mantiene exhibidas lonas informativas con las autorizaciones vigentes emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) bajo el permiso PL/19344/ALM/2016 y la resolución RES/885/2016.

​Asimismo, la planta cuenta con licencias de uso de suelo, vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente del Municipio de San José de Iturbide, además de la manifestación de impacto ambiental otorgada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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​Con esta resolución, el caso que fue presentado inicialmente como un operativo estelar contra la delincuencia organizada concluye como un procedimiento de regulación de transporte, dejando al descubierto fallas de coordinación y comunicación previa entre las autoridades locales y federales.

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