Municipios
Padres e integrantes de la compañía de danza municipal piden respuestas al gobierno iturbidense
Padres e integrantes de la compañía de danza municipal piden respuestas al gobierno iturbidense.
Por: Fernanda Morales
San José de Iturbide, Guanajuato a 4 de febrero de 2025.- La decisión del Ayuntamiento de San José de Iturbide de cancelar el contrato con el maestro Erick Corona, quien dirigía un taller de danza en la Casa de Cultura, ha generado una fuerte controversia entre los padres de familia y los alumnos involucrados.

La semana pasada, padres de familia, alumnos y el propio maestro Erick Corona se reunieron con autoridades municipales para expresar su inconformidad ante esta decisión, que consideran arbitraria e injustificada. Los argumentos presentados por el Ayuntamiento, relacionados con cuestiones presupuestarias, no han convencido a los afectados, quienes aseguran que el taller de danza ha generado importantes beneficios para la comunidad.
La Compañía Municipal de Danza, conformada por alumnos del taller de Erick Corona, ha logrado un reconocimiento significativo a nivel local, estatal e incluso internacional. Los padres de familia argumentan que la cancelación del taller representa una pérdida irreparable para la cultura y el desarrollo artístico de los jóvenes de San José de Iturbide.
Durante la reunión, el director de la Casa de Cultura, Oscar Marín Morales, no pudo ofrecer una respuesta clara y convincente a las inquietudes de los padres de familia. La ausencia del alcalde Manuel Montes de la Vega exacerbó aún más la tensión y generó un sentimiento de desconfianza entre los asistentes.
Los padres de familia han exigido al Ayuntamiento que reconsidere su decisión y que se garantice la continuidad del taller de danza. Asimismo, han solicitado una explicación detallada sobre los motivos que llevaron a la cancelación del contrato y una justificación de los argumentos económicos presentados por las autoridades.
Este conflicto ha puesto de manifiesto la importancia de la cultura y el arte en la formación de los jóvenes, así como la necesidad de que las autoridades municipales escuchen y atiendan las demandas de la ciudadanía
Ciudad
Retiran al alcalde de Comonfort la facultad para firmar contratos y convenios tras crisis en el Cabildo.
Comonfort, Guanajuato a 16 de julio de 2026.- En lo que representa una severa fractura política y una crisis de gobernabilidad al interior del Ayuntamiento de Comonfort, el pleno del Cabildo aprobó por mayoría de votos revocarle al presidente municipal, Gilberto Zárate, la facultad legal para suscribir contratos, convenios y actos jurídicos de manera unipersonal a nombre del municipio.

La atribución, que le había sido otorgada al edil morenista desde el primer día de su administración el 10 de octubre de 2024, fue retirada tras una ríspida sesión ordinaria celebrada este miércoles 15 de julio, la cual se prolongó por más de tres horas entre intensos debates, señalamientos de misoginia y reclamos de parálisis administrativa.
La propuesta de revocación fue presentada formalmente por el regidor morenista José Luis Mexicano y fundamentada legalmente por la síndica Diana Arellano, logrando una votación de 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención:
A favor de retirar la facultad: La síndica Diana Arellano; los regidores morenistas José Luis Mexicano, María Dolores Rodríguez y Andaruby Guerrero; el regidor del PAN, Fernando Guillén; y la regidora del Partido Verde, Claudia Elisa Rodríguez.
En contra de la medida: El alcalde Gilberto Zárate Nieves; los regidores panistas José Antonio Sánchez y Lilia Carrillo; y el regidor morenista J. Isaías Hurtado.
La discordia que prevalece en el ayuntamiento se evidenció al abordar la propuesta para modificar el presupuesto municipal por un monto de 500 mil pesos para el programa estatal “Mi Colonia a Color”, y 875 mil pesos para el programa federal de la Comisión de Fomento al Turismo (COFOTUR).
La bancada opositora y la propia síndica calificaron como «una falta de respeto al pleno» que el alcalde Zárate Nieves hubiera firmado los convenios de adhesión a dichos programas de manera anticipada y sin contar con la suficiencia presupuestal autorizada, pretendiendo que el Ayuntamiento resolviera la omisión de última hora de manera obligada.
Durante el debate, el regidor oficialista J. Isaías Hurtado salió en defensa del edil, asegurando que existía una «confabulación» entre los bloques de oposición y actores externos con fines económicos para desestabilizar la administración.
La sesión escaló en tensión no solo por el debate de los recursos, sino por las formas en las que se condujo el bloque afín al alcalde. Integrantes del cuerpo edilicio y regidoras denunciaron públicamente conductas intolerantes y presuntos comentarios misóginos por parte de Zárate Nieves hacia las mujeres de la mesa de debate, señalando que las interrupciones y descalificaciones sistemáticas evidencian una falta de control político y de respeto a la investidura del Ayuntamiento.
Con esta resolución, cualquier documento, convenio o contrato que pretenda comprometer los recursos o la representación jurídica de Comonfort requerirá, de manera obligatoria, la firma de la síndica municipal y la aprobación previa del Cabildo, acotando el margen de maniobra directa del presidente municipal para el resto del periodo constituciona.
Gobierno
Continúan registrándose casos de gusano barrenador en las comunidades cercanas a san Diego, afectando al sector ganadero.
Productores de la región han solicitado apoyo para contener la plaga y evitar pérdidas en sus animales.
Autoridades municipales mantienen recorridos de atención y seguimiento en las comunidades afectadas.
Ante esta situación, personal del Ayuntamiento acudió de inmediato a una de las zonas con reportes activos.
La visita fue encabezada por el presidente municipal, Juan Carlos Castillo Cantero, junto a su equipo de trabajo.
En el sitio se brindó asesoría técnica y se aplicaron protocolos para el control del parásito.
Uno de los beneficiarios expresó públicamente su agradecimiento por la respuesta oportuna de las autoridades.
“Gracias al presidente Juan Carlos Castillo Cantero por venir hasta acá y no dejarnos solos”, señaló.
Destacó que la atención inmediata da confianza a los productores para seguir trabajando sus ranchos.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y el apoyo al campo sandieguense.
Se exhortó a los ganaderos a reportar cualquier caso sospechoso para actuar con rapidez.
Las brigadas continuarán con visitas, curaciones y entrega de información preventiva en las comunidades.
Ciudad
Un video captado durante un operativo de seguridad en san Diego de la unión se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas.
En las imágenes difundidas se observa a varios elementos dialogando con un ciudadano que documentaba el procedimiento con su teléfono celular.
La escena desató de inmediato un intenso debate en plataformas digitales sobre los alcances y límites del derecho a grabar en espacios públicos.
Durante la grabación, uno de los oficiales solicita de forma verbal al ciudadano que se mantenga a una distancia aproximada de diez metros.
El uniformado argumenta que el objetivo es evitar interferencias con las labores y garantizar la seguridad de todos los presentes en el lugar.
Por su parte, el ciudadano responde que en ningún momento obstruye el operativo y que únicamente está ejerciendo su derecho a documentar los hechos.
Los elementos de seguridad aclaran en el intercambio que no existe una prohibición para grabar el procedimiento ni para registrar lo ocurrido.
Señalan que la única petición es mantener un perímetro de seguridad que les permita trabajar sin riesgos ni distracciones externas.
El diálogo entre ambas partes se desarrolla en un tono firme pero respetuoso, sin que la situación escale a un enfrentamiento físico.
Luego de viralizarse, el material audiovisual generó una ola de comentarios y posturas encontradas entre los usuarios de redes sociales.
Un sector de la opinión pública respaldó la actuación de los oficiales, al considerar que priorizaron el orden y la seguridad del operativo.
Otro grupo señaló que solicitar una distancia específica puede interpretarse como una limitación al derecho ciudadano de documentar asuntos de interés público.
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