Por: Fernanda Morales

San Miguel de Allende, Guanajuato a 10 de febrero de 2026.- A casi un año de los violentos sucesos que marcaron a la comunidad sanmiguelense el pasado 11 de marzo de 2025, la familia Pérez Almanza rompe el silencio. En un ejercicio de exigencia de justicia, los padres de las víctimas convocaron a medios de comunicación para exponer lo que califican como una negligencia sistemática por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Durante el encuentro con la prensa, los convocantes, Mariana Paulina Almanza Marroquín y Alan Pérez Jacinto, detallaron los obstáculos que han enfrentado en el proceso legal relacionado con el feminicidio de la menor Alana de (8 años), la tentativa de feminicidio de la menor «O» (6 años) y los actos de tortura contra el propio Alan Pérez.

Los puntos críticos expuestos por la defensa y la familia son:

Falta de avances sustanciales: Denuncian una investigación estancada y presunta negligencia operativa.
Cerrazón Institucional: Señalan la negativa reiterada del Fiscal General del Estado para entablar un diálogo directo con los afectados.
Fallo de la PRODHEG: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió una recomendación dentro del expediente 732/2025, la cual —según la familia— ha sido rechazada por la Fiscalía.

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La negativa de la Fiscalía a aceptar la recomendación del organismo de Derechos Humanos representa, para las víctimas, un mensaje de desdén hacia el marco legal y la reparación del daño. La familia enfatizó que la transparencia en este caso es vital no solo para ellos, sino para garantizar la seguridad de la infancia en la región.

«No solo buscamos culpables, buscamos que el sistema deje de protegernos con el silencio y empiece a operar con la ley», expresaron en el marco de la convocatoria.

La familia Pérez Almanza reiteró su disposición a seguir todas las instancias legales, nacionales e internacionales, hasta que se logre el pleno esclarecimiento y el deslinde de responsabilidades por los hechos ocurridos en 2025.

En un operativo de vigilancia preventiva, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a tres personas y aseguraron presunta droga y un arma de fuego en la colonia Lindavista, Dolores Hidalgo. El hecho ocurrió cuando los agentes de la FSPE realizaban recorridos de supervisión en la zona y detectaron a un grupo de personas consumiendo sustancias en la vía pública.

Al acercarse al lugar, los oficiales observaron a Juan Antonio “N”, de 32 años; Francisco Máximo “N”, de 21 años; y José Rodrigo “N”, de 25 años, quienes se mostraron sospechosos y nerviosos. Los agentes procedieron a realizar una revisión conforme a los protocolos de seguridad y, al interior de una mochila, encontraron 28 bolsas de presunta marihuana, con un equivalente aproximado a 200 dosis.

Además, se localizó un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial, lo que motivó la detención inmediata de los tres individuos. Los detenidos, todos con domicilio en el municipio de Dolores Hidalgo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), con sede en Dolores Hidalgo, para el seguimiento legal correspondiente.

La FSPE reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, y agradeció la colaboración de la comunidad para mantener la paz y la tranquilidad en la región.

Un tribunal de enjuiciamiento dictó una sentencia de 140 años de prisión sin derecho a fianza a Gilberto N, ex policía de Dolores Hidalgo, por el delito de secuestro. La condena es una de las más altas impuestas en la región por este delito.

En 2024, Gilberto N secuestró a sus víctimas en la comunidad del Gallinero y las llevó a una casa de seguridad en la colonia Cruz del Padre Razo. La Fiscalía General del Estado se movilizó y rescató a los afectados, logrando un fallo histórico en la lucha contra el secuestro.

La sentencia pone fin a un historial de criminalidad familiar que vulneró la seguridad de las víctimas. Los hermanos de Gilberto N, Braulio y Félix, también enfrentan consecuencias legales por el mismo delito. Braulio ya cumple una sentencia condenatoria, mientras que Félix se encuentra en proceso penal rumbo a juicio.

La condena desarticula una red de delincuencia que operaba bajo el amparo de uniformes oficiales. La Fiscalía General del Estado destaca el logro como un golpe importante contra el secuestro en la región.