Una fuerte controversia social se desató en San Miguel de Allende tras la difusión de la segunda jornada de limpieza en la presa Ignacio Allende. Mientras los canales oficiales del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) difundieron imágenes de maquinaria pesada extrayendo el lirio acuático como parte del «esfuerzo institucional», delegados comunitarios y activistas revelaron que el equipo más eficiente que aparece en las fotografías pertenece a un ciudadano particular que costea la operación con sus propios recursos.

La omisión de las autoridades al no dar el crédito correspondiente generó indignación entre los habitantes de la zona, quienes acusaron a las dependencias de los tres niveles de gobierno de buscar un beneficio político a costa del altruismo local.

A través de un posicionamiento público, el ciudadano Ambrosio Duque aclaró que la infraestructura clave que captó la atención de los medios no fue enviada por el Estado ni por la Federación, sino que fue adaptada y financiada de manera independiente.

«La máquina que vemos en esas fotos es del señor Apolinar; él la adaptó, paga un operador y a su vez paga el consumo de combustible. Lo remarco porque asistieron varios reporteros que se dedicaron a alabar a los tres órdenes de gobierno y publicaron fotos de esa máquina sin hacer ninguna alusión a su propietario», detalló Duque, lamentando que ninguna autoridad se haya ofrecido a contribuir con los gastos operativos.

Según los testimonios de los voluntarios, el equipo diseñado por el particular —que sustrae la planta mediante una garra aérea sin arrastrar exceso de agua— ha resultado sustancialmente más eficiente para el saneamiento que las retroexcavadoras movilizadas por el sector público.

El reclamo contrasta con el comunicado emitido por la CONAGUA y la Secretaría de Gobierno, encabezada por Jorge Daniel Jiménez Lona. En el boletín oficial, se resaltó la jornada como un «antes y un después gracias a la suma de esfuerzos entre la ciudadanía y las instituciones», detallando la participación de dependencias como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo para contener la plaga que asfixia al 45 por ciento del embalse.

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Si bien las dependencias no afirmaron textualmente ser las propietarias del equipo en el boletín, los habitantes de las zonas ribereñas señalaron que la selección fotográfica generó una percepción errónea en los medios estatales, invisibilizando el impacto de la iniciativa privada en una crisis que afecta directamente la economía de los pescadores y el ecosistema regional.

Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad civil han comenzado a exigir en plataformas digitales que las instituciones formalicen un contrato de servicios con el propietario de la maquinaria. Argumentan que, si los tres niveles de gobierno carecen de equipos con esa misma capacidad técnica en la región, lo correcto administrativamente sería subsidiar los insumos y el combustible de quien lleva meses operando en favor del rescate del cuerpo de agua.