San Miguel de Allende, Guanajuato a 17 de junio de 2026.- Representantes y autoridades legítimas de comunidades indígenas del noreste de Guanajuato fijaron una postura enérgica en contra de la creación de la organización «Guía Nacional Indígena Originaria» (GENIO), recientemente validada como partido político local por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Reunidos en el Jardín Botánico El Charco del Ingenio, líderes tradicionales de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Tierra Blanca y Victoria aclararon que, si bien defienden su derecho constitucional a la participación política, rechazan de forma contundente que este nuevo instituto y su fundador, Rafael Tayeupá Ornelas Ramos, pretendan utilizarlos como «clientela electoral». Denunciaron que el partido opera en sus territorios sin el consentimiento de las asambleas comunitarias, incurriendo en una usurpación de la identidad y las raíces de los pueblos originarios.

Durante la rueda de prensa, Carmen Muñoz, representante legal de la comunidad de El Llanito con más de 13 años en el cargo, expuso un alarmante incidente en el que personal del partido GENIO, acompañado por trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), cercó la plaza principal de su localidad para forzar una asamblea de registro sin previa consulta obligatoria.

«Llegaron personas ajenas a la comunidad que iban por motivos que desconocían. Ornelas pretendía realizar una ceremonia sagrada a la fuerza en nuestro territorio sin pedir permiso. Una ceremonia es algo interno, se ofrece al universo y a los antepasados. Con esto nos demostraron que solo quieren aparentar; no estamos de acuerdo en que pisoteen nuestras raíces y no los reconocemos», sentenció la representante.

Asimismo, los líderes tradicionales señalaron que Ornelas Ramos afirma ser de la localidad de Guadianilla, un asentamiento que carece de reconocimiento indígena oficial, y que en otras ocasiones ha declarado provenir de Michoacán. Denunciaron además que el dirigente utiliza el patrimonio cultural con fines netamente económicos, organizando recorridos y ceremonias «blanqueadas» dirigidas a turistas extranjeros a quienes cobra tarifas exorbitantes en dólares.

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El segundo eje de la manifestación fue el respaldo absoluto de los pueblos Otomí-Chichimecas a la expropiación de 700 hectáreas de la zona arqueológica y ceremonial de Cañada de la Virgen, un acto que calificaron como un triunfo de justicia histórica frente a los anteriores propietarios (una familia de origen alemán). Los voceros desmintieron tajantemente las versiones que apuntan a que el decreto federal despojó a pobladores locales.

Explicaron que en los terrenos expropiados no existen asentamientos humanos, sino una hacienda de propiedad privada que por 30 años explotó los recursos naturales de la zona para la producción de carne orgánica y agave mezcalero, limitando los rituales ancestrales de petición de lluvias.

Confirmaron que el Gobierno Federal indemnizó debidamente a los terratenientes con 71 millones de pesos. Gracias al Plan de Justicia coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y respaldado por figuras como Jesusa Rodríguez, las comunidades hoy son sujetos de derecho público y manejan sus recursos de forma directa a través de asambleas, sin depender de intermediarios.

En el ámbito de la representación social, las autoridades indígenas rechazaron de forma unánime la figura de Mauricio Mata, quien se ostenta públicamente como «Gobernador Pluricultural o Indígena», cuestionando severamente qué asamblea comunitaria real lo respalda. Recordaron que los verdaderos liderazgos indígenas ejercen cargos honoríficos y no reciben remuneraciones ni sueldos de ningún nivel de gobierno.

Finalmente, las autoridades tradicionales de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y Victoria informaron que, conforme al Artículo 6° Constitucional, han enviado una solicitud formal de derecho de réplica al periodista Arnaldo Cuéllar del portal informativo Poplab.

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Lo anterior, debido a que el pasado martes 26 de mayo se le otorgó el micrófono en una mesa de análisis a Rafael Ornelas, quien emitió declaraciones sin sustento en torno a la expropiación de Cañada de la Virgen, desinformando a la audiencia y agraviando la lucha histórica de los pueblos que sí pertenecen al territorio guanajuatense.