Guanajuato, Gto. – Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo mesas de trabajo para analizar tres iniciativas de reforma al Código Penal local, todas relacionadas con la despenalización del aborto. Estas mesas contaron con la participación de colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y autoridades, lo que permitió exponer posturas divergentes sobre un tema de alta relevancia social, jurídica y humana.

Las sesiones se desarrollaron en tres bloques diferenciados. La primera reunió a colectivos en favor de la despenalización del aborto. Las participantes compartieron argumentos centrados en la autonomía reproductiva de las mujeres y en la urgencia de garantizar maternidades libres y deseadas.

Denunciaron que las actuales políticas institucionales refuerzan la criminalización de las decisiones reproductivas y priorizan la imposición sobre los cuerpos de las mujeres, ignorando realidades como el embarazo forzado por violencia sexual. Además, subrayaron la necesidad de armonizar la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que impedir el acceso legal al aborto vulnera derechos fundamentales y obliga a mujeres a someterse a procedimientos inseguros.

La segunda mesa reunió a colectivos en favor de la vida, quienes afirmaron que el derecho a la vida debe prevalecer sobre cualquier otro y rechazaron que la despenalización del aborto sea la solución a los problemas de las mujeres. Argumentaron que no existen mujeres encarceladas por abortar en Guanajuato y que la verdadera solución está en fortalecer los apoyos a embarazadas en situación de vulnerabilidad. Expresaron preocupación por lo que consideraron una imposición ideológica y un uso político del aborto como negocio. Los participantes defendieron la idea de sancionar a quienes presionen a las mujeres a abortar y propusieron simplificar los procesos de adopción como alternativa.

Durante las intervenciones legislativas en esta mesa, algunas diputadas y diputados reiteraron su compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, también hubo quienes recordaron que las resoluciones de la Suprema Corte tienen carácter obligatorio y que el Congreso debe actuar en consecuencia. Se insistió en que el diálogo debe respetar todas las posturas y avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos bajo principios de equidad y dignidad.

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Por: Fernanda Morales

San Miguel de Allende, Gto. 28 de abril 2025.- El diputado local Ricardo Ferro llevó a la tribuna del Congreso del Estado el tema del «Rescate de la Presa Allende», un compromiso prioritario con los ciudadanos de San Miguel de Allende, en su intervención, el legislador enfatizó que el crecimiento urbano debe ir de la mano con la responsabilidad ambiental, exigiendo un desarrollo ordenado que respete la Ley y garantice el tratamiento adecuado de las aguas residuales.

Ferro reafirmó su compromiso con la recuperación de esta vital presa y presentó un exhorto dirigido al presidente municipal de San Miguel de Allende para que, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y SAPASMA, se informe detalladamente cuántos fraccionamientos, desarrollos y establecimientos comerciales cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales y, en caso contrario, se justifique la ausencia de dicha infraestructura, considerando las exigencias del Código y el Reglamento de Ordenamiento Territorial.

El diputado del Partido MORENA formalizó esta demanda a través de un punto de acuerdo, solicitando al alcalde Mauricio Trejo Pureco, instruir a las dependencias correspondientes para elaborar y remitir al Congreso un informe exhaustivo que contemple el número total de desarrollos en el municipio con plantas tratadoras, así como aquellos que carecen de ellas, incluyendo la justificación de su incumplimiento, especialmente cuando la normativa municipal lo exige.

En su exposición, Ferro Baeza recordó que la creación del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato buscó establecer un marco legal actualizado para abordar los desafíos del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. Señaló que este código surgió como respuesta al crecimiento urbano acelerado y desordenado que ha generado problemas como la expansión irregular y la presión sobre los servicios públicos.

El diputado advirtió que San Miguel de Allende enfrenta actualmente una grave problemática con la proliferación de lirio acuático en la Presa Ignacio Allende, principal cuerpo de agua de la región, situación directamente relacionada con la insuficiente infraestructura de tratamiento de aguas residuales en los desarrollos del municipio, explicó que la descarga de aguas sin tratar provoca un exceso de nutrientes que alimenta el crecimiento descontrolado de esta planta invasora.

Finalmente, Ferro Baeza subrayó que para lograr un rescate efectivo de la presa, es fundamental contar con datos precisos y concretos que permitan implementar soluciones reales. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su análisis y dictamen.

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El gobierno del estado de Guanajuato anunció la ampliación del presupuesto y la cobertura del programa Tarjeta Rosa, con el objetivo de beneficiar a más mujeres madres de entre 25 y 45 años en la entidad. Además del apoyo económico, las beneficiarias ahora podrán acceder a nuevos servicios como asistencia funeraria, vial, médica y dental.

La modificación de las reglas de operación del programa para el Ejercicio Fiscal 2025 quedó establecida en un acuerdo publicado este lunes en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. En este documento se detalla que el presupuesto para la Tarjeta Rosa crecerá de 3 mil 500 millones de pesos a 4 mil 242 millones, lo que representa un incremento del 21%. Con este aumento, se estima que el número de beneficiarias pasará de 580 mil a 690 mil, es decir, 110 mil mujeres más de lo proyectado al inicio del año.

Dentro de los cambios más destacados en el programa se encuentra la incorporación de asistencia funeraria familiar, que aplicará para un evento al año en caso del fallecimiento de la beneficiaria, su cónyuge o sus hijos de hasta 21 años. Esta cobertura incluirá atención personalizada las 24 horas, asesoría ante el Ministerio Público para la recuperación del cuerpo dentro del territorio nacional y el traslado de los restos a Guanajuato.

Otro de los servicios añadidos es el acceso a asistencia médica primaria mediante telemedicina, lo que permitirá a las beneficiarias recibir orientación sobre su estado de salud a través de dispositivos electrónicos. También se ofrecerán consultas telefónicas en materia de nutrición para la prevención de trastornos alimenticios y el mejoramiento de hábitos de alimentación. Asimismo, el programa contempla asesoría legal telefónica ilimitada con abogados, siempre y cuando las consultas se refieran a situaciones comprendidas dentro de las normativas legales vigentes.

Aunque la ampliación del programa y sus nuevos beneficios parecen responder a una necesidad social, el regreso de la Tarjeta Rosa también ha despertado suspicacias. En procesos electorales anteriores, este programa fue señalado por partidos opositores como una herramienta del Partido Acción Nacional (PAN) para la coacción del voto, bajo el disfraz de una política de asistencia social.

Críticos del gobierno estatal advierten que el relanzamiento del programa en un podría responder más a una estrategia política que a un auténtico compromiso con el bienestar de las mujeres guanajuatenses. La historia ha mostrado que los apoyos sociales en la entidad han sido utilizados como mecanismos de influencia política, lo que plantea la interrogante: ¿es la Tarjeta Rosa un verdadero respaldo para las mujeres o una moneda de cambio electoral?

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