San Miguel de Allende, Guanajuato a 21 de agosto de 2026.- Con el inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027, el plantel Cabecera San Miguel de Allende del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) se convirtió en una de las sedes principales para el arranque de actividades de la institución en el estado.

​En el caso del municipio, los jóvenes se sumaron a los más de 42 mil estudiantes que regresaron a las aulas en los 263 planteles del subsistema en Guanajuato. De ese total estatal, cerca de 17 mil corresponden a alumnos de nuevo ingreso que cursan su educación media superior en modalidades de bachillerato general y técnico.

​Durante la ceremonia protocolaria en el plantel sanmiguelense, Miguel Ángel González Márquez, director de Articulación Institucional de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), así como Alma Regina Trujillo Domínguez, titular de JuventudEsGTO, llamaron a la juventud local a aprovechar la formación técnica e incentivos académicos para consolidar sus proyectos de vida.

​Por su parte, la dirección general del SABES, a cargo de Alberto Diosdado, ratificó el compromiso de acompañamiento docente y tutoría para evitar la deserción escolar en el nivel medio superior dentro del municipio y la región.

Personal de la Coordinación de Medio Ambiente continúa dando seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía relacionadas con el cuidado y mantenimiento de los espacios del municipio.

Entre las peticiones que se revisan se encuentran las relacionadas con la poda de árboles y la limpieza de predios, realizando una valoración de cada caso para determinar las acciones que correspondan.

La dependencia invita a la población que requiera atención en estos u otros temas ambientales a acercarse a la Coordinación de Medio Ambiente, donde podrán recibir orientación y dar seguimiento a sus solicitudes.

Con atención a las peticiones ciudadanas, se busca contribuir a mantener un municipio más limpio, ordenado y cuidado.

San Miguel de Allende, Guanajuato a 20 de agosto de 2026.-La incertidumbre jurídica y el temor a perder sus viviendas se apoderaron de las familias que habitan en las inmediaciones de la Antigua Estación del Ferrocarril de San Miguel de Allende. La presencia de representantes del presunto propietario particular en la zona encendió las alarmas de vecinos —muchos de ellos jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México— ante la inminente colocación de un cerco perimetral e intentos de delimitar el área.

El conflicto, que detonó públicamente el pasado 17 de febrero cuando el alcalde Mauricio Trejo anunció el fallo judicial que obligaba al desalojo de un gimnasio público de CrossFit ubicado en el predio, alcanzó esta semana un punto crítico. La ciudadanía exige claridad sobre el alcance territorial de una sentencia que amenaza con trastocar un sector con más de un siglo de identidad ferroviaria.

Para comprender la crisis actual es necesario remontarse al origen del terreno y a los procesos de privatización iniciados a finales del siglo XX:

Bajo la concesión a la Compañía del Camino de Fierro Nacional Mexicana, en 1898 se inauguró la Estación Ferroviaria sobre la línea troncal México-Laredo. El espacio, registrado ante el INAH, fue trazado sobre una superficie de 11,151.5 metros cuadrados de la antigua Hacienda de Tirado.

Tras la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), BANOBRAS asumió el rol de liquidador. El 17 de julio de 2006 se formalizó la desincorporación del inmueble del dominio público federal, y el 29 de noviembre de 2006 BANOBRAS vendió la totalidad de la superficie a un particular.

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Pese a tratarse de un inmueble privado desde 2006, distintas administraciones municipales habilitaron proyectos e infraestructura pública en el área. En 2022, el propietario particular interpuso una demanda contra el Ayuntamiento de San Miguel de Allende.

Tras agotar las instancias de impugnación, el Poder Judicial falló en contra del Municipio, ordenando la restitución de la posesión al particular.

Ante las denuncias de las familias que temen perder los hogares que han ocupado por más de cinco décadas, la administración municipal (2024–2027) aclaró que no se trata de una venta reciente ni de una transacción efectuada por el Gobierno Local.

A pesar de que el Municipio sostiene que el conflicto con las viviendas habitadas se trata de una controversia entre particulares que debe dirimirse en los tribunales, los vecinos insisten en que nunca fueron notificados formalmente de un cambio de propietario o procedimiento de desalojo, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para resguardar su patrimonio histórico y familiar.

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