San Miguel de Allende, Guanajuato a 10 de marzo de 2026.- Con el objetivo de conocer a fondo el estado que guarda la justicia en la entidad, el Congreso del Estado llevó a cabo una mesa de trabajo con el Fiscal General, Gerardo Vázquez Alatriste. El diputado Ricardo Ferro Baeza, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, subrayó que este encuentro no fue un mero protocolo, sino un ejercicio real de transparencia para que las y los guanajuatenses conozcan los retos y resultados de la institución.

Durante la jornada, el Fiscal presentó un balance donde destacó que la institución ha superado sus metas operativas, logrando más de 10 mil vinculaciones a proceso y la detención de casi 3 mil personas vinculadas a la delincuencia. Sin embargo, el centro del debate, impulsado por la visión de apertura del diputado Ricardo Ferro, se enfocó en las cifras que más duelen a la población: las desapariciones y la violencia contra las mujeres.

El Fiscal informó que el 87% de las personas reportadas como desaparecidas han sido localizadas y que la Unidad de Identificación ha logrado restituir dignamente 131 cuerpos. No obstante, las y los legisladores de diversas bancadas mantuvieron un tono crítico, cuestionando la eficacia real de las Alertas Amber y Alba, así como la precisión en los peritajes forenses.

Bajo la coordinación de Ricardo Ferro, la mesa de trabajo permitió un escrutinio detallado sobre el presupuesto. Los diputados pidieron explicaciones sobre:

El uso de 23 millones de pesos en la oficina del Fiscal.

Por qué, de un fondo de 130 millones para víctimas, solo se ejercieron 16 millones.

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La transparencia en los gastos de comunicación social y la producción del informe anual.

Ante esto, el funcionario estatal aseguró que el gasto público se evalúa con base en resultados y que no existen excesos en las áreas de difusión, defendiendo un modelo de «justicia humanista» que busca reducir la cifra negra de delitos no denunciados.

Ricardo Ferro refirió que el desafío para 2026 es facilitar el acceso a la justicia y recuperar la confianza de los comerciantes y ciudadanos que aún temen denunciar. Durante la mesa, se abordaron temas espinosos como la seguridad para turistas, los ataques informáticos sufridos por la Fiscalía y la atención a comunidades indígenas, que representan una minoría pero requieren protocolos de respeto absoluto a su dignidad.

El diputado Ferro concluyó que este tipo de diálogos fortalecen el Estado de Derecho, pues permiten que el Poder Legislativo actúe como un verdadero contrapeso, exigiendo que la justicia en Guanajuato no sea solo una cifra, sino una realidad palpable para las víctimas y sus familias.

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San Miguel de Allende, Guanajuato a 9 de marzo de 2026.- Por sexto año consecutivo, el espacio público de San Miguel de Allende dejó por un momento su cara turística para convertirse en un escenario de resistencia. Este 8 de marzo, las calles fueron reclamadas por una marea de mujeres que, al grito de «vivas nos queremos», transformaron la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en una exigencia directa de derechos y seguridad.

Desde antes de las cinco de la tarde, el parque Benito Juárez comenzó a llenarse de pañuelos morados y verdes, en una reunión organizada por la colectiva Sororas y Rebeldes que cuidó cada detalle para que todas pudieran manifestarse sin riesgos. La marcha fue un reflejo de la realidad que viven las mujeres en Guanajuato. En el mismo camino avanzaban madres solteras, niñas y niños con carteles, abuelas que rompieron el silencio después de muchos años y jóvenes que salieron a la calle con la rabia de quien vive el acoso todos los días. Antes de arrancar, las activistas lanzaron un mensaje claro: no se van a quedar calladas porque esta ciudad también les pertenece y sus vidas no son algo que se deba negociar.

El punto de mayor carga política ocurrió cuando la colectiva lanzó un mensaje hacia la capital del estado, denunciando los intentos por criminalizar las decisiones de las mujeres en Guanajuato.

Bajo la consigna «¡Las mujeres de Guanajuato no vamos a retroceder!», las manifestantes convocaron a una nueva movilización para este miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas. La cita tiene un objetivo estratégico: presionar al Congreso del Estado, que sesionará en el Jardín Principal de San Miguel de Allende, para exigir la despenalización del aborto y educación sexual integral.

La columna de mujeres avanzó por las principales calles como Nemesio Diez, Zacateros, Canal e Insurgentes. En su trayecto, el comercio local y la ciudadanía mostraron señales de solidaridad: desde puños en alto en los balcones hasta mujeres repartiendo agua para el contingente. El lema «Mujer consciente se une al contingente» dejó de ser una frase para volverse realidad en cada cuadra.

Al llegar al Jardín Principal, los barrotes de la Parroquia de San Miguel Arcángel se convirtieron en un memorial de denuncias. En un ejercicio de catarsis colectiva, el micrófono abierto permitió escuchar testimonios estremecedores: Niñas y adolescentes denunciaron violencias vividas a corta edad, en ocasiones alzando la voz por sus propias madres. Se señalaron casos de acoso sexual en el sector restaurantero local y en el transporte público. Una joven denunció haber sido víctima de exhibicionismo y acoso en el Callejón del Chorro mientras se dirigía a la marcha, exigiendo una actuación real y no solo presencial de las autoridades.

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La jornada terminó con un tendedero de denuncias que atravesó la explanada del jardín. Con fotos y nombres, se exhibió a agresores y deudores alimenticios, provocando que tanto locales como turistas se detuvieran a leer la realidad que enfrentan las mujeres en la región.

Finalmente, más allá de las consignas y el color morado en las calles, esta movilización nos deja una lección urgente: los derechos de las mujeres no son una meta alcanzada para siempre, sino una conquista que se debe cuidar todos los días. La historia nos ha enseñado, en distintos rincones del mundo, que lo que hoy parece una libertad segura puede retroceder en un instante si bajamos la guardia. Por eso, estas marchas no son solo una protesta, sino un recordatorio necesario de que el silencio es el mayor riesgo para la justicia. Alzar la voz en San Miguel de Allende es, en el fondo, proteger el futuro de todas, asegurando que ningún derecho ganado vuelva a ser puesto en duda.