Este año la Cámara de Diputados (Federal) aprobó, por unanimidad reformar siete leyes para definir la violencia política de género.

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Este año la Cámara de Diputados (Federal) aprobó, por unanimidad reformar siete leyes para definir la violencia política de género, entendida como toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de derechos políticos y electorales de las mujeres.
En la sesión del pasado cinco de diciembre se modificaro Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Desde hace siete años el Senado y la Cámara de Diputados debaten cuál es la mejor redacción para tipificar la violencia política, o bien, si sólo es necesario definir este tipo de violencia en la ley; por esta razón desde 2012 senadores aprueban un paquete de reformas y diputados avalan otras. Esta falta de consenso en ambas Cámaras ha hecho que ninguna reforma entre en vigor.
Finalmente las y los diputados aprobaron un paquete de reformas luego de analizar nueve iniciativas presentadas desde septiembre de 2018. en esta legislatura marcada por la paridad, con 48.2 por ciento de mujeres, se reconoce la violencia política en razón de género como “toda aquella acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad”.
De acuerdo con el dictamen, esta forma de violencia va desde la ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres.
Con estas reformas además el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales deberán implementar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección y poder; el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación tendrá facultad para vigilar y velar por la aplicación de las disposiciones en materia electoral.
En la Ley General en Materia de Delitos Electorales será agravante cometer delitos que provoquen violencia política en razón de género; en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se prevé la creación de una base estadística nacional de violencia política en razón de género y en Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se prevé que el Tribunal Electoral y sus salas se integren con paridad de género.
Tan solo en las elecciones del pasado primero de julio de 2018 fueron las mujeres las más violentas en los últimos años. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales registró 103 casos de agresiones políticas por motivos de género. En ese mismo año en el que se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención.

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