De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, explico que la intención es que quien se haga de información con la finalidad de compartirla será objeto de una sanción de prisión contemplando además multas económicas.

Señalo que en el caso de que no se llegue a consumar algún delito, derivado de la información compartida, de todos modos, la persona que la obtuvo será sancionada.

Indico que, al tratarse de información privilegiada, puede ser utilizada para cometer algún delito o bien para entorpecer las funciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia y ejecución de penas, tema delicado pues las personas al hacerse de esta información llegan a lesionar a la sociedad al cometerse un delito.

En cuanto la penalidad va de los tres a nueve años cuando se trate de cualquier servidor público, pero si este se encarga de tareas de seguridad relacionado, será más alta de 4 hasta 10 años de prisión.

Las penalidades también serán aplicadas cuando se usen aparatos para intervenir la comunicación de las instancias de seguridad y procuración de justicia, cuando se use a menores de edad para obtener la información y cuando se trate de ex integrantes de las instancias antes referidas.

También se aprobó que cuando un servidor público sea encarcelado por los supuestos previamente mencionados, será inhabilitado por de la función, es decir cuando salga de la cárcel no podrá trabajar en algún cargo público por los siguientes diez años.

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